¿Estamos condenados?: Venezuela bajo el dilema del prisionero

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Los hechos parecen evidenciar una situación de un complejo caso de un problema agente-principal facilitado por asimetrías de información en lo que respecta al efecto negativo y los costos de las actuales políticas públicas y económicas instrumentadas por la gestión Chávez y por otro lado por una “ignorancia racional” (James Gwartney, 1976)

Desafortunadamente en Venezuela se presentan una serie de hechos y características, que la limitan de salir de la situación de postración económica y política. Si bien se tiene décadas señalando la insostenibilidad del modelo rentista y populista, lejos de perfeccionar los cambios institucionales que eviten su perpetuación, lo cierto es que se ha profundizado a niveles que en lo colectivo no deberíamos estar dispuestos a aceptar.

Los hechos parecen evidenciar una situación de un complejo caso de un problema agente-principal facilitado por asimetrías de información en lo que respecta al efecto negativo y los costos de las actuales políticas públicas y económicas instrumentadas por la gestión Chávez y por otro lado por una “ignorancia racional” (James Gwartney, 1976) que podría explicarse por una miopía de corto plazo de tanto votantes como ciudadanos, así como por parte de los diseñadores de las políticas públicas.

En este orden de ideas, resulta ser común que gestiones populistas suelan instrumentar políticas basadas o enfocadas en la demanda y no en la oferta, porque pretenden hacer ver, en el corto plazo, que algo se hace ante las distorsiones y problemas económicos (que en la mayoría de los casos constituyen problemas y distorsiones creadas y responsabilidad del Ejecutivo Nacional). Lo anterior, suele exacerbarse si nos encontramos en un periodo pre-electoral, electoral o si el país se encuentra sometido a recurrentes contiendas políticas-electorales.

Así las cosas, en Venezuela se terminan instrumentando políticas públicas y regulatorias, como controles de precios, subsidios cuasi-directos o indirectos por medio del desarrollo de una red pública ineficiente y corrupta de venta y/o entrega de bienes subsidiados y no el fomento de la oferta de bienes y servicios, la variedad de productos, la competencia, el emprendimiento y la inclusión que significa mayores empleos estables y mejores remunerados basados en el incremento de la productividad.

Más allá, en Venezuela dado el control de cambios y el ataque sistemático a la actividad económica privada, la presión inflacionaria del financiamiento público inorgánico y de la política fiscal irresponsable de gasto corriente y transferencias no productivas; aunado al control de precios, generará tremendas distorsiones de los patrones de consumo, socialmente indeseable.

Un típico problema agente-principal de toma de decisión pública e instrumentación de políticas ineficientes de espalda al bienestar social, lo constituye la utilización de políticas macroeconómicas fiscales y monetarias para intentar impactar en el mercado laboral y de consumo con intensiones político-electorales, a pesar de sus costos inflacionistas de mediano plazo y ante la posibilidad o alternativa de políticas de oferta y fomento de la economía que resultarían más eficientes aun cuando en un plazo no inmediato.

Para cambiar la dinámica anterior por un lado debe desaparecer los problemas de asimetrías de información, la ignorancia racional de los ciudadanos y los costos informacionales, haciéndolos evaluar individual y colectivamente las malas políticas populistas cortoplacistas y efectistas, permitiéndoles actuar como residual claimants de las malas e ineficientes políticas públicas.

Aun así, en Venezuela el problema de que al menos la mitad de los ingresos fiscales, provenientes de la renta petrolera, no pasen por las manos o la paga de los venezolanos y sean pocos los que cotizan, exacerba la miopía y la sensación que lo poco o nada que ofrece el Ejecutivo Nacional lo hace “por nada a cambio”.

En este sentido, deberían existir organizaciones independientes que pudieran hacer análisis económico de las políticas públicas, económicas y regulatorias, utilizando la metodología de análisis costo-beneficio, con el impacto mediático suficiente como para reducir los costos informacionales y el problema de ignorancia racional del que suele sufrir muchos ciudadanos.

Luego, podría limitarse el tiempo en que funcionarios públicos de carrera política pueden ostentar cargos públicos para evitar el desarrollo de fuentes de financiamiento a sus carreras por parte de grupos de interés a los cuales se les protegen sus intereses especiales o particulares. Por otra parte, podría crearse mecanismos de determinación del presupuesto nacional que impliquen un compromiso creíble de rigidez del mismo y que comprometa a los promotores de los distintos proyectos públicos o sociales a competir públicamente por el financiamiento, a la par que se evita financiamiento irrestricto –lo anterior evitaría lo que se ha venido perfeccionando en Venezuela, una competencia por agotar o capturar el uso de la renta petrolera venezolana por grupos de interés-. Adicionalmente, podrían incluirse “sunset clauses” o clausulas de caducidad a las normas regulatorias extremadamente intervencionistas y distorsionadoras para que pueda haber escrutinio por parte de la sociedad y no quede atrapada con regulaciones ineficientes.

Sin embargo, tales cambios institucionales requieren que quienes detentan el poder sacrifiquen su propio poder por el beneficio colectivo, lo que lamentablemente constituye una estrategia dominada por el oportunismo político. Lo anterior consigue en la gestión Chávez, su mayor evidencia, cómo una gestión que ha contado con todos los recursos y el apoyo posible, terminó exacerbando los errores del pasado y creando muchos problemas peores (corrupción, incapacidad, ineficiencia, capitalismo de Estado, inflación, ausencia de bienes públicos, problema agente-principal, opacidad deliberada, limitación a la información pública, desaparición de la independencia de poderes, inexistencia de contraloría pública, lesión al Estado de Derecho y al debido proceso, etc.).

Rafael González.
Economista. Master in Competition and Market Regulation. Master in Industrial Organization and Markets. Especialización en Economía del Sector Energía, Telecomunicaciones, Transporte, Farmacia, Agua y Banca. Profesor universitario de Regulación Económica y Regulación de Competencia.
Analítica.com
http://www.analitica.com/va/economia/opinion/8241276.asp

Ricardo Camacho Socorro

Activista social Venezolano

"Gracias a la libertad de expresión hoy ya es posible decir que un gobernante es un inútil sin que nos pase nada. Y al gobernante tampoco."
Jaume Perich.