Venezuela, el retorno del juego político

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Durante 16 años el chavismo aprobó decretos sin mayor debate en el Parlamento. Mañana será la primera vez que se le exigirá al presidente Nicolás Maduro y a su gabinete justificar unas medidas que, entre otras cosas, no solucionan a corto plazo la grave crisis que atraviesa el país.

Las filas no dan abasto en las cadenas de la red estatal de alimentos (Mercal, Pdval y Bicentenario) en Caracas, a donde llegan cientos de venezolanos cada día en busca de la canasta básica. Igual sucede en otros supermercados de la capital en los que las estanterías no se llenan. Los ciudadanos son los que más sufren los graves problemas económicos que atraviesa el país y que el presidente Nicolás Maduro propuso resolver a punta de decreto.

Aunque con la Ley Habilitante que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2015 Maduro pudo legislar para solucionar los puntos más urgentes de la economía venezolana, el mandatario prefirió esperar y enviar un polémico paquete de medidas a la Asamblea Nacional (AN), que desde hoy comenzó a discutirlo. El problema, según analistas colombianos y venezolanos que leyeron el decreto, es que en él “no hay soluciones a corto plazo para las afugias que viven los venezolanos”.

El decreto propone, entre otras cosas, que el gobierno disponga de bienes del sector privado para garantizar el abastecimiento de productos básicos –en caso de grave escasez–, fijar límites al ingreso y salida de moneda local en efectivo y facilitar la entrega de divisas para agilizar las importaciones. “Esto no lo puede aprobar la Asamblea, pues sería una carta blanca para que Maduro haga lo que quiera”, explica Ronal Rodríguez, profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.

“El numeral 3 del decreto le permite a Maduro expropiar empresas como Polar, o profundizar un modelo económico que no responde a las necesidades de los venezolanos. Lo que Maduro está haciendo es pasarle a la Asamblea un decreto que sabe que no se puede aprobar”, agrega Rodríguez, quien aclara que “aquí no hay otra intención que dejar mal parada a la oposición en el juego político que mañana comienza: si no le aprueban el decreto a Maduro, van a ser presentados como los que no quieren que la crisis económica se resuelva”.

Durante 16 años el debate estuvo ausente en la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo. El chavismo estaba acostumbrado a que tomaba una dirección y todos las ramas del poder se alineaban inmediatamente. Mañana la oposición lo va a confrontar, va a abrir un espacio de discusión desconocido en el Parlamento. “En este momento Venezuela vuelve a vivir el juego político. Si Maduro quiere que le aprueben el decreto, deberá negociar, su gabinete puede ser citado a explicar qué es lo que se va a obtener si se aprueban todos los artículos. Incluso, la oposición puede devolverle algunos puntos para que los reforme”, asegura Rodríguez.

La oposición, con 109 diputados en la AN, ya se ha mostrado reacia a aprobar el decreto de emergencia económica en su totalidad. El parlamentario José Guerra aseguró que “el decreto presidencial lo que llama es a ‘colaborar’ con soluciones que puedan solventar la crisis económica del país. Eso limita las atribuciones constitucionales que son el discutir y aprobar leyes para mejorar este problema que es el de los más graves que existen”.

La preocupación llega a otros sectores. Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras, expresó que el decreto podría agravar aún más la situación de precariedad que se vive en los hogares venezolanos. “Para el sector empresarial, la nueva medida resulta contraproducente para el país. El decreto parte de un diagnóstico equivocado y la lectura de cada uno de los considerandos es una clara manifestación que el Ejecutivo no tiene intención de rectificar”, agregó.

El decreto que presentó Maduro habla de temas como “incentivar el modelo económico agrario”, algo que el país no ha hecho en años y que tomaría mínimo cinco años, según analistas. Otra cosa más: habla de aumentar los controles que tiene la economía, que ya es de por sí de las más burocráticas. “Esta es una crisis que se engendró entre los años 2007 y 2008, tan pronto el Estado emprendió varias olas de estatizaciones e intervenciones de empresas privadas, la gran mayoría de ellas arbitrarias y discrecionales, que inhibieron la inversión privada nacional y extranjera”, señaló Martínez.

“Es inaceptable que la oferta de solución sea controlar precios y cambio, algo que ha hecho por más de diez años y sólo empeora la situación. No cambiar con el sistema productivo en el piso, los inversionistas espantados y 70 % menos de ingresos en divisas es, evidentemente, suicida”, ratificó Luis Vicente León, presidente de la consultora y encuestadora venezolana Datanálisis.

Cifras reales

Después de no publicar estadísticas durante más de un año, el viernes el gobierno venezolano aseguró que la inflación de 2015 había llegado a 141,5 % –la más alta de su historia–. Una cifra que pocos dan por cierta. De hecho, el propio presidente se contradijo durante su rendición de cuentas en la Asamblea. En su discurso, Maduro se jactó de haber aumentado el salario mínimo cuatro veces. Habló de un aumento del 233 %, una cifra que refleja que la inflación rondaría esa cifra.

Luis Vicente León, presidente de la consultora venezolana Datanálisis, explicó en el periódico El Nacional que “la cifra que dio Maduro es un chiste”. “La publicación realizada por el Banco Central de Venezuela de algunos indicadores económicos como el Índice Nacional de Bienes al Consumidor es una subestimación de las cifras reales. No refleja la realidad del año 2015. Hay una subestimación de la realidad. La inflación publicada es un chiste en comparación a la realidad”. León destacó que el gobierno manipula las estadísticas en su beneficio con el objetivo de confundir a la opinión pública.

Maduro ha insistido en los últimos días que espera la ayuda del Parlamento para enfrentar la crisis económica. “La Asamblea Nacional tiene el decreto de emergencia que yo le envié. Yo espero que sea aprobado por unanimidad, del voto de todos los diputados de la Asamblea Nacional depende que la Asamblea me ayude a timonear esta tormenta”.

La oposición ya anunció que solo considerará la ratificación del decreto una vez que conozca el panorama económico de boca de ministros y demás altos funcionarios del área.

Para el economista Benjamín Tripier, si la Asamblea Nacional no aprueba el decreto de emergencia económica “se profundizará el enfrentamiento institucional en el país pues este es un tema político, Maduro quiere compartir la responsabilidad de la crisis económica con la oposición. Sus ministros pueden hacer casi todo lo que dice el decreto en este momento: expropiar, nacionalizar, detener a comerciantes, entre otras cosas. Lo que no puede hacer es rendirle cuentas a la AN, durante los 60 días de duración del decreto, de cómo va a manejar y a ejecutar el presupuesto de la nación. Este decreto es una minihabilitante que en nada atacará los problemas de fondo: la ausencia de inversión, la poca productividad de las empresas nacionales, la alta de divisas para las importaciones”.

El presidente de Datanálisis indicó que la oposición tiene el deber y el derecho de legislar para presionar los cambios económicos fundamentales “o terminará tocando música en el Titanic”.

Por: Angélica Lagos Camargo (@alagos9), para Diario El Espectador

Ricardo Camacho Socorro

Activista social Venezolano

"Gracias a la libertad de expresión hoy ya es posible decir que un gobernante es un inútil sin que nos pase nada. Y al gobernante tampoco."
Jaume Perich.